La elaboración de las disposiciones reglamentarias

El 2007, con los compañeros de Cel Fosc, Asociación contra la contaminación lumínica, haciendo un buen equipo, en uno de los juicios contenciosos que me ha producido una satisfacción personal más grande, conseguimos declarar la nulidad del Decreto de la Generalitat que desarrollaba la Ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

Además de cuestiones técnicas y científicas que a mí se me escapan, la tramitación del Decreto había sido incorrecto, con un “falso” trámite de información pública. La Sentencia 1049/2007, de 7 de diciembre del TSJ de Cataluña declaró NULO DE PLENO DERECHO el Decreto 82/2005, de 3 de mayo “el proyecto de Decreto que nuevamente se elabora, coincidente con el finalmente aprobado, ni en su forma ni en su contenido se corresponde con el sometido al trámite de información pública” “la información pública y la audiencia a los interesados constituye garantía esencial, determinando su omisión la nulidad de pleno derecho de la norma afectada”

Hasta ahora no se había elaborado el nuevo proyecto de decreto y en estos momentos se encuentra en fase de información pública, en concreto, este sábado finaliza el plazo para realizar alegaciones.

Para nosotros, es inevitable que queramos participar activamente y estar al caso del procedimiento de elaboración de este nuevo reglamento para confirmar que todo se haga de acuerdo con el que dice la ley y se realicen todos los trámites Por este motivo, hacemos un repaso a la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas que es donde se regula el procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias

Los artículos 59 a 70 regulan el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias que se elaboran en el ámbito competencial de la Administración de la Generalitat. Este procedimiento es aplicable supletoriamente a las disposiciones reglamentarias que tienen establecido, por una norma con rango de ley, un procedimiento de elaboración específico.

La ley entiende por disposiciones reglamentarias las disposiciones de carácter general con rango inferior al de ley dictadas por el Gobierno o por los consejeros de los departamentos de la Administración de la Generalitat que, cualquier que sea la materia de que traten, contengan normas que innoven el ordenamiento jurídico. No se aplica a las instrucciones y las circulares o órdenes de servicio emitidas por los órganos de la Administración de la Generalitat.

El procedimiento se inicia a propuesta del departamento competente en la materia del proyecto, en nuestro caso el Departament de Territori i Sostenibilitat. Si se tratara de materias de competencia de más de un departamento, la propuesta tiene que ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.

Los informes preceptivos y los dictámenes de los órganos consultivos se solicitan en el momento y en la forma que determina la normativa reguladora. El plazo para la emisión de los informes y los dictámenes, salvo previsión expresa, es de diez días. El cómputo del plazo se inicia el día siguiente del día en que se recibe la solicitud y en el expediente de elaboración tiene que quedar constancia de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano que tiene que emitir el informe.

El expediente de tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria comprende el conjunto de documentación preceptiva, numerada y ordenada cronológicamente. Los documentos que forman parte del expediente de tramitación tienen que ser firmados y datados por los órganos competentes para su emisión. Cuando hay que remitir el expediente para la emisión de informes o para la aprobación del proyecto de disposición reglamentaria, se tiene que incluir un índice de la documentación que integra.

Los proyectos de disposiciones reglamentarias tienen que ir acompañados siempre de una memoria general, de una memoria de evaluación del impacto de las medidas propuestas, y también de los informes preceptivos y los que solicite el órgano instructor.

En el web de la Generalitat que os he enlazado antes, encontramos en un documento los enlaces al texto del proyecto del Decreto, Memoria General y Memoria de impacto económico. Vemos que punto por punto de acuerdo con lo que dice la Ley,  la Generalitat expone los siguientes contenidos que necesariamente tiene que contener la memoria general:

a) La justificación de la necesidad de la disposición reglamentaria y la adecuación de esta a los hasta que se persiguen.

b) El marco normativo en que se inserta el proyecto de disposición reglamentaria.

c) La relación de las disposiciones afectadas por el proyecto de disposición reglamentaria y la mesa de vigencias y derogaciones resultantes.

d) La competencia de la Generalitat sobre la materia.

e) La relación motivada de las personas y las entidades a las cuales se tiene que otorgar el trámite de audiencia.

f) La procedencia, si procede, de someter el expediente a información pública.

En el enlace indica “Memoria de impacto económico”, a pesar de que de acuerdo con la ley, y con el contenido que después realmente tiene este documento, vemos que el impacto a justificar, no es sólo el económico, sino en todo caso, esta memoria integra, como mínimo, los informes siguientes:

a) Un informe de impacto presupuestario, donde se evalúan la repercusión de la disposición reglamentaria en los recursos personales y materiales y en los presupuestos de la Generalitat, y también las fuentes y los procedimientos de financiación, si procede.

b) Un informe de impacto económico y social, donde se evalúan los costes y los beneficios que implica el proyecto de disposición reglamentaria para sus destinatarios y para la realidad social y económica.

c) Un informe de impacto normativo, donde se evalúan la incidencia de las medidas propuestas por la disposición reglamentaria en términos de opciones de regulación, de simplificación administrativa y de reducción de cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas.

d) Un informe de impacto de género. Por eso, se le pide informe al Instituto Catalán de la Mujer, a pesar de que en nuestro caso, en la Memoria dice que todavía no lo tienen ¿? pero que ellos creen que no hay ningún tipo de impacto en este sentido…

El expediente tiene que incluir una memoria de las observaciones y las alegaciones presentadas en los trámites de consulta interdepartamental, audiencia, información pública e informes, si procede, y también de las razones que han llevado a desestimarlas, si es el caso. En la información que he encontrado en internet, de momento no encuentro esta Memoria de las observaciones y alegaciones presentadas, seguiremos buscando….

Los proyectos de disposiciones reglamentarias se tienen que someter a informe jurídico de la unidad departamental correspondiente o de la central, del Gabinete Jurídico de la Generalitat. Este informe jurídico se tiene que emitir en el plazo de quince días.

Los proyectos de disposición reglamentaria que afectan los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someten al trámite de audiencia de las personas interesadas, y se pone a disposición de éstas la documentación preceptiva. Sólo se puede prescindir del trámite de audiencia si existen razones graves de interés público debidamente acreditadas.

La audiencia se realiza directamente con los ciudadanos o mediante las entidades reconocidas por ley que los agrupan o los representan, si las finalidades de estas tienen una relación directa con el objeto de la disposición reglamentaria. Esta vez CELFOSC, ha sido una de las entidades medio ambientales con audiencia.

El trámite de audiencia se puede instrumentar por cualquier medio que el instructor o instructora acuerde de manera motivada y por un plazo no inferior a quince días habilidosos. Por razones justificadas y debidamente motivadas, el plazo se puede reducir hasta un mínimo de siete días habilidosos.

Este trámite de audiencia también se puede instrumentar por medios electrónicos publicando el texto del proyecto de disposición reglamentaria a la sede electrónica, facilitando una dirección electrónica para la presentación de observaciones, sugerencias o alegaciones, e indicando la fecha tope.

Los proyectos de disposición reglamentaria se pueden someter a información pública por un plazo no inferior a quince días habilidosos, que se puede reducir hasta un mínimo de siete días habilidosos si razones debidamente motivadas así lo justifican. En este caso, el plazo ha estado de 20 días habilidosos.

El trámite de información pública puede coincidir temporalmente con el de audiencia y se tiene que poner a disposición de las personas que lo soliciten la documentación preceptiva. Este trámite de información pública se puede instrumentar por medios electrónicos, indicando el plazo, publicando el texto del proyecto de disposición reglamentaria a la sede electrónica y presentando las alegaciones en el registro electrónico correspondiente.

En cuanto a la información pública, el artículo 52 de la ley, lo regula de la siguiente manera:

“1. El trámite de información pública se lleva a cabo en los supuestos siguientes:

a) Si la normativa reguladora de los procedimientos administrativos correspondientes lo prevé.

b) Si el órgano competente para la resolución lo acuerda porque la naturaleza del procedimiento lo aconseja.

2. El trámite de información pública, que no puede ser inferior a veinte días, se realiza, en todos los casos, mediante el anuncio publicado en el diario o boletín oficial correspondiente, y también por medios electrónicos con la publicación en la sede electrónica, salvo que el procedimiento específico determine otra cosa.

3. Durante el trámite de información pública cualquier persona puede consultar el expediente, salvo los datos excluidos del derecho de acceso. Esta consulta se puede hacer directamente, en el lugar indicado por el anuncio, o a distancia, por medio de la sede electrónica de la administración correspondiente.

4. Mientras esté abierto el plazo de información pública, cualquier persona puede formular alegaciones por escrito, por cualquier medio. Las alegaciones formuladas se integran en el expediente administrativo, tienen que ser valoradas expresamente y singularmente por el instructor o instructora y, si procede, por el órgano técnico competente, y pueden ser incorporadas a la resolución del procedimiento. Las personas que formulan alegaciones tienen derecho a conocer la valoración de que han sido objeto, mediante una respuesta razonada, que puede ser común para todas las alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

5. Las personas que formulan alegaciones en el trámite de información pública no adquieren, por este hecho, la condición de interesadas.Los proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten para desplegar las leyes o el derecho europeo y sus modificaciones se tienen que someter con carácter preceptivo al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.El órgano responsable de la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria tiene que adoptar las medidas necesarias para hacer posible la participación de las entidades locales de Cataluña en el procedimiento de elaboración cuando el proyecto de disposición reglamentaria las afecte de manera específica. Por eso, hará falta que los ayuntamientos también participen en la elaboración del Decreto.

De acuerdo con todo el expuesto, y después de examinar el texto del proyecto de decreto, hay algunos puntos que nos obligan a hacer algunas alegaciones para solicitar algunos documentos que no he encontrado al expediente que se ha colgado al web correspondiente, algunas incorrecciones léxicas y de coherencia y seguro que hay otros de carácter técnico, que, cómo he dicho al principio, a mí se me escapan…. Confiamos que con nuestras aportaciones y las que puedan hacer otras entidades que luchan por el medio ambiente conseguimos una normativa que, realmente, respete y proteja el medio nocturno.

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