Las inmisiones lumínicas: vulneración del disfrute del domicilio.

La contaminación lumínica constituye un problema ambiental de primer orden del que – considero –  todavía no somos conscientes a nivel colectivo. Son pocos los casos que llegan a los Tribunales, seguramente por desconocimiento o resignación de quien lo sufre, sin que en ningún caso la falta de regulación por parte del legislativo, o de la autonomía o corporación local que deba desarrollar determinada normativa pueda servir de excusa para no adoptar medidas contra esta intromisión ambiental.

La fundamentación jurídica y jurisprudencial que se contiene en las Sentencias que tratan sobre inmisiones acústicas, que superan con creces las que tratan las inmisiones lumínicas, puede aplicarse también a este tipo de contaminación.

El artículo 45 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos racionales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva y, finalmente, que para quienes violen lo dispuesto anteriormente, en los términos que la ley se fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Con la contaminación lumínica se vulnera el artículo 18.1 y 2 de la Constitución que regula el derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, que tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Este derecho fundamental se halla estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el artículo 10.1 de la CE reconoce e implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, para mantener una calidad mínima de vida humana” (Sentencias del Tribunal Constitucional 144/1999, de 22 de julio, 202/1999, de 8 de noviembre y 186/2000, de 10 de julio).

En cuanto a que el texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorio, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero) se hace imprescindible asegurar su protección frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada.

La protección del medio ambiente del artículo 45 de la Constitución se enfrente a otros valores constitucionales como son el desarrollo económico (art. 130), el reconocimiento de la libertad de empresa (art. 38) o el derecho de propiedad (art. 33). Para resolver este enfrentamiento hay que estudiar los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto: la sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre, interpreta este artículo considerando que el derecho al medio ambiente se constituye como un límite legítimo a la actividad económica. En el mismo sentido se expresan las sentencias del 82/1982, de 21 de diciembre, 22 de marzo de 1991, al entender que el artículo 45.2 de la Constitución es un límite para el derecho de propiedad que igualmente puede operar respecto de otros derechos o principios constitucionales, como el de libertad de empresa o libre circulación de bienes.

Conforme con el TSJ de Málaga, en Sentencia de 15 de diciembre de 2014 “La protección del derecho fundamental encuentra su cauce, a través de diversas atribuciones competenciales que se manifiesta en la legislación básica del Estado, en la autonómica y en la política medioambiental europea, y en último término, pero no por ello menos importante, en la legislación por la que se rigen las Corporaciones locales y que se desenvuelve en tres frentes: prevención, vigilancia y corrección, que se pueden conseguir, la primera, por medio de la concesión de autorización o licencia previa, planificación urbanística, evaluación ambiental o zonificación de usos. La segunda, al objeto de evitar que se alteren las condiciones aceptables del medio, una vez instalado el foco de contaminación, mediante el establecimiento de los oportunos controles: inspección permanente o creación de redes de vigilancia. Y también, mediante la corrección llamada policía ambiental, que, en sentido estricto, está encargada de subsanar las deficiencias e irregularidades que se hayan observado mediante la imposición de medidas correctoras adicionales, sanciones administrativas a los infractores y de las medidas cautelares procedentes (suspensión, precintado o clausura del foco contaminador)”

Si estamos en el ámbito civil, es decir, si la inmisión tiene origen en un particular o empresa, debe interponerse la acción negatoria, para hacer cesar la inmisión.

Si la inmisión es responsabilidad de la administración pública, o provocada por una actividad sometida a licencia, o puede constituir una infracción administrativa y la administración no ejerce sus correspondientes competencias de inspección y sanción o estas son insuficientes, tras las oportunas actuaciones en vía administrativa, la vía judicial será la contenciosa-administrativa.

El ámbito penal se reserva para las conductas más graves, de conformidad con la nueva redacción del código penal, que entra en vigor el próximo 1 de julio:

Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

La reciente Sentencia del TSJ de Madrid, de 29 de abril de 2015, estima la pretensión de las partes de que el Ayuntamiento adopte las medidas correctoras para subsanar las inmisiones lumínicas y acústicas provinientes del desarrollo de las actividades deportivas de un centro escolar, colindante con los jardines de las viviendas de los demandantes. Con relación a la contaminación lumínica, por focos emisores de luz, el Ayuntamiento se basa en la falta de normativa para afirmar que no queda acreditada la existencia de perturbación efectiva. Sin embargo, de conformidad con la Sentencia, hay informes de la Policía Local que constatan el deslumbramiento en el interior de las viviendas por los focos emisores de luz de los campos deportivos. Y el hecho de no contar con una normativa que determine un límite específico, no impide que el ayuntamiento pueda tomar las medidas oportunas que solucionen el problema en cuanto que vulnera el derecho fundamental al disfrute del domicilio referido.

Destacamos, por tanto, un dato fundamental: esta sentencia vincula la contaminación lumínica con la vulneración del derecho fundamental al disfrute del domicilio, por tanto con vulneración del artículo 18 de la Constitución española, que defiende la inviolabilidad del domicilio, y que tutela el espacio físico domiciliario frente a atentados medioambientales que dificulten gravemente su normal disfrute.

En la Sentencia citada se hace referencia al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia que sobre él se ha desarrollado,  que protege el derecho del individuo al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado en el que se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no solo como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio. El atentar contra el derecho al respeto del domicilio no supone sólo una vulneración material o corporal, como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias (Sentencia TEDH , de 16 de noviembre de 2004).

Como en cualquier otro ámbito y procedimiento, la prueba es determinante para ver protegidos los derechos del afectado.

En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 15 de marzo de 2013, se desestimaba el recurso de apelación presentado por un ciudadano que demandó por las inmisiones lumínicas provocadas por las balizas luminosas que unas sociedades tenían instaladas en unos  aereogeneradores ubicados en las proximidades de su vivienda. Sin embargo tanto el Juzgador de primera instancia como la Audiencia consideran que la contaminación lumínica provocada por el alumbrado urbano tiene mayor incidencia que la provinente de las balizas, que no hay vulneración de la normativa aplicable, ni se acredita que la luz proceda únicamente de los parques eólicos gestionados por las sociedades demandadas, pues hay otros generadores contaminadores cuya incidencia no ha sido valorada. Tampoco se considera probada la intensidad ni los efectos de la inmisión.

Cabe recordar, por ejemplo, la crítica que se hacía en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2013 al dictamen pericial aportado por los afectados por inmisiones lumínicas y consideró que se trata de un dictamen genérico y global, que no refiere el estado individualizado de los diferentes titulares de las viviendas de la comunidad recurrente ni tampoco el grado de afectación que a su salud o a su intimidad haya podido suponer la instalación de la telecabina. Del mismo modo alude a la existencia de contaminación, acústica o lumínica de modo genérico, sin precisar los índices de una y de otra como pueda ser, por ejemplo, de qué manera, si es que ello ocurre, el sol reflejado en las telecabinas incide en la intensidad lumínica de las viviendas próximas a la instalación o en qué grado afecta a los recurrentes la proximidad de la instalación y el paso de las cabinas…. etc, es decir, haber sido mucho más concreto y detallado en su expositivo”

En cambio, sí se dio la razón al afectado en la Sentencia del TSJ de Cataluña de 9 de marzo de 2010 donde se resolvía un recurso de apelación sobre la impugnación de una licencia concedida a un club de tenis. En cuanto a lo que nos interesa, uno de los demandantes alegaba que una de las farolas situada en una de las pistas de tenis estaba dirigida a su domicilio, lo que le causaba un impacto lumínico. El Tribunal estima parcialmente el recurso de apelación presentado y, entre otros pronunciamientos, obliga a resituar esa farola para que no cause la contaminación lumínica que se ha acreditado.

Por lo tanto, conviene acreditar suficientemente la inmisión lumínica (con un perito especialista en la materia, cuando sea necesario, que sepa transmitir al Tribunal la intromisión y todos los perjuicios que ocasiona la contaminación lumínica a nivel general, pero sobretodo en el supuesto concreto del afectado) si queremos ver acogidas nuestras pretensiones y, además, así concienciar con datos objetivos del grave problema ambiental que supone el exceso de luz.

 

 

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