Precario: ocupación de una finca sin título

La palabra “precario” es bastante desconocida, pero hay otro término que se usa de manera habitual y que puede hacer entender perfectamente de qué se trata: ocupación. El Tribunal Supremo lo define como “una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho” ( STS 557/2013 , 19 de septiembre de 2013 )

Lamentablemente hoy en día demasiado a menudo conocemos casos de personas sin vivienda que se ven en la necesidad de ocupar un piso o finca sin ningún tipo de título . Por este motivo existen muchas sentencias que hablan de esta situación de hecho que se puede dar en circunstancias diversas, no sólo es la pura ocupación, sino también falta de constancia de contrato de alquiler , acceso a la vivienda legítimo pero que se convierte ilegítimo al  cambiar las circunstancias , etc.

Hoy expondré algunas Sentencias que hablan del tema desde diferentes ámbitos.

En la Sentencia del Tribunal Supremo que he citado, de 19 de septiembre de 20143 se trata de un contrato inicial de arrendamiento verbal pero que por acuerdo de las dos partes era gratuito, ni los propietarios exigían renta ni los ocupantes la pagaban. En este caso los nietos de los iniciales inquilinos que habían hecho aquel contrato verbal continuaban haciendo uso de la vivienda sin haberse subrogado nunca en ese contrato inicial y sin pagar ningún tipo de renta. Por lo que los propietarios ejercen su derecho de desahuciarles ya que se da la situación de precario sobrevenido. En el mismo sentido la Sentencia 664 de 23 de octubre de 2013 del Tribunal Supremo , donde añade que la subrogación debe hacerse por escrito.

Otro caso, lo encontramos en la Sentencia 516 de la Audiencia Provincial de Barcelona, ​​de septiembre de 2013, que confirma la Sentencia de Primera Instancia y no acepta los argumentos del ocupante del vivienda quien manifestaba que tenía un contrato verbal de alquiler con la propietaria. Se dice por el Tribunal que quizás sí que hubo negociaciones pero no se llegó a perfeccionar ningún tipo de contrato entre las partes, por lo que considera que aunque el acceso a la vivienda no fue ilegítimo o ilícito,  sí lo es permanecer allí. No hay pacto alguno en cuanto a los elementos esenciales del contrato: precio y duración  por lo que no hay acuerdo de voluntades entre las partes. Se resuelve que se debe desahuciar al ocupante de la vivienda.

Finalmente , por su importancia para la defensa de los derechos de los ciudadanos,  hay que hacer mención a la Sentencia del Tribunal Constitucional , de 2 de diciembre de 2013, por la que se otorga el amparo a unos precaristas que no fueron notificados del juicio de desahucio que había contra ellos, ya que la finca se encontraba en un lugar de difícil localización y decidió notificar de forma edictal el procedimiento, en lugar de hacer lo posible para notificar de manera personal . En un procedimiento tan grave como es un desahucio hay que utilizar todos los medios para notificar a las partes y así que se puedan defender con sus argumentos.

“Hemos destacado además la especial intensidad de este deber judicial de velar por la efectividad del emplazamiento, en aquellos supuestos en que del proceso podían derivarse perjuicios para el interesado o cuando el procedimiento en sí colocaba de suyo a la parte demandada en una especial posición frente a quien les demandaba”

“La vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como consecuencia del indebido recurso a la notificación edictal se desprende con claridad del relato de hechos de esta Sentencia. Nunca se practicó el emplazamiento de los recurrentes en forma personal, dado que la vivienda, situada en un entorno rural de difícil localización, no fue encontrada hasta el momento de ejecución de la Sentencia, una vez precluidas todas las posibilidades procedimentales de alegación y prueba. A este resultado contribuyó de forma decisiva la pasividad del Juzgado ante el que se tramitaba el procedimiento, el cual ante la dificultad en la práctica de la diligencia no agotó los medios “normales a su alcance” para la localización de los demandados: ignoró el ofrecimiento de los actores —que sí conocían la ubicación del inmueble— de acompañar al funcionario de la oficina judicial que efectuase el emplazamiento y no llevó a cabo ninguna otra gestión para asegurar la recepción de la notificación ni en el domicilio que se hizo constar en la demanda, ni en otro en el que el emplazamiento fuera posible, respecto de lo que el Juzgado no emprendió ninguna averiguación.

Así las cosas, el órgano judicial no prestó la atención exigida por este Tribunal para que tuviera efecto la notificación personal del procedimiento a los recurrentes y, en tales circunstancias, al no haber agotado las modalidades más garantistas de notificación ni extremado la precaución en la localización de aquéllos, el recurso a la notificación edictal no encuentra respaldo en la doctrina de este Tribunal.”

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